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PENSIÓN DE VIUDEDAD Y ACREDITACIÓN DE LA PAREJA DE HECHO

pension de viudedad

LA SALA de lo contencioso, SE DESMARCA eN ESTA CUESTIÓN DE LA DOCTRINA TRADICIONAL DE LA SALA de lo social.

En el número 5/2021 de la Revista de Jurisprudencia Laboral, se han publicado 2 artículos sobre esta materia, exponiendo las posiciones divergentes entre la Sala 4ª, de lo Social y, de la Sala 3ª, de lo Contencioso, del Tribunal Supremo.

Faustino Cavas Martínez, analiza la doctrina clásica de la Sala 4ª mediante el comentario de la la Sentencia del TSJ Canarias nº41/2021: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2021-00000001287

El artículo de Antonio V. Sempere Navarro, trata sobre la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, nº480/2021, que flexibiliza la forma de acreditar los requisitos Acreditación de la “pareja de hecho” a efectos de pensión de viudedad:  https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2021-00000001282

El artículo de Faustino Cavas.

Expone la doctrina consolidada de la Sala 4ª, de lo Social, que mantiene una interpretación estricta de los requisitos para acreditar la existencia de una pareja de hecho en orden a la obtención de una pensión de viudedad.

Art. 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, LGSS)  8/2015: La existencia de la pareja de hecho debe acreditarse mediante certificación de la inscripción en el registro específico existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia.

Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

Se trata de una exigencia ad solemnitatem, no admitiéndose modalidades alternativas de justificación de la existencia de la pareja de hecho. Sin que constituyan documento hábil:

  • El libro de familia donde consten inscritos hijos en común.
  • Disposiciones testamentarias en favor mutuo.
  • El documento donde conste como beneficiario de la asistencia sanitaria el conviviente.
  • El certificado de empadronamiento.

Las Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 45, 51 de 7 abril y; nº 60, de 5 mayo desestimaron las cuestiones de inconstitucionalidad del artículo 174.3 LGSS/1994, respecto a la exigencia de acreditar la existencia de pareja de hecho de esta forma.

La sentencia es interesante porque, tanto el parecer mayoritario como el voto particular, reflexionan, alcanzando conclusiones divergentes, sobre el impacto de género de estos requisitos, metodología hermenéutica que en el voto particular se sopesa con el factor “insularidad”.

Consta como hecho probado que, el registro municipal de parejas de hecho de Fuerteventura dejó de funcionar en 2012. Mientras que el causante lo hizo en 2019. Por lo que fue imposible formalizar.

El artículo DE FAUSTINO CAVAS también hace mención a las parejas unidas por el rito gitano.

Que no acreditan la existencia de pareja de hecho, al no constar su inscripción en el registro, ni estar constituida a través de un documento público; sin que resulte aplicable la Sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos de 8/12/2009, por no concurrir buena fe matrimonial basada en la creencia de la eficacia del vínculo, al no venir avalada en documentos oficiales que le hubieran dado apariencia de validez.

En el libro de familia y las inscripciones de nacimiento se hace constar la cualidad de «solteros» de los padres y la naturaleza «extramatrimonial» de los hijos.

El voto mayoritario.
  • La presentación de solicitudes de constitución de parejas de hecho se puede llevar a cabo sin necesidad de que el ciudadano se desplace a otra isla, mediante las oficinas de registro, por correo o de forma telemática.
  • Al tratarse de una exigencia legal que afecta tanto a hombres como a mujeres, no se produce ningún perjuicio particular para un género en concreto.
El voto particular discrepante.

(Ilma. Gloria Poyatos Matas), sostiene la necesidad de hacer “una interpretación adecuada, integrando la perspectiva de género y la perspectiva de insularidad, del citado requisito teniendo en cuenta las especiales circunstancias concurrentes.

Que debió tenerse en cuenta el contexto geográfico (residencia en una isla, Fuerteventura, considerada región ultraperiférica por la UE) y, sobre todo, el impacto de género desproporcionado de la pensión de viudedad (percibida por una aplastante mayoría de mujeres).

El Artículo de Sempere Navarro.

Comenta la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4ª, nº480/2021, de 7 abril. Aunque resuelve sobre una pensión de Clases Pasivas, la redacción del art. 38.4 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, es IDÉNTICA, a la del art. 221.4 de la LGSS.

Mediante Acuerdo de la Dirección General de Costes y Pensiones Públicas la pensión es denegada, porque no se acreditó la existencia de una pareja de hecho, conforme a lo dispuesto en la citada norma.

La SAN de 28/01/2019 estima la de demanda. Anula las resoluciones administrativas impugnadas y concede el derecho reclamado.

Se acredita la existencia de la pareja de hecho mediante los siguientes documentos: – Empadronamiento. – Escritura de compraventa donde manifiestan ser pareja de hecho. – Declaraciones conjuntas de IRPF.
Según la sentencia, los hechos muestran la existencia de una pareja con análoga relación de afectividad a la conyugal, x quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona. Y han acreditado una convivencia estable y dilatada.
Sin pretender alterar la doctrina general sobre concurrencia de la pareja de hecho, la sentencia abre la puerta a las excepciones. Admite el devengo de la pensión por el conjunto de circunstancias acreditativas; la singularidad del caso y la ausencia de fraude o abuso de derecho.
El Abogado del Estado formula recurso de casación, denunciando la vulneración del precepto interpretado. Recuerda la doctrina unificada de la Sala Cuarta interpretando el análogo precepto de la LGSS (artículo 174.3 LGSS/1994; art. 221.2 LGSS/2015l). El recurso es desestimado.

La Sentencia comentada no tiene la consideración de decisión comparables a efectos de fundar la apreciación de una contradicción en este recurso las resoluciones de otras Salas del TS, pues la doctrina que ha de unificarse es la del orden social y no ésta con la de otros órdenes.